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Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Jocelyn estaba en la habitación cuando le dispararon a sangre fría a su abuelo, Marcelo Garganta.

En los barrios marginales de Navotas, donde vive la familia Garganta, la gente deambula a todas horas del día. Las personas también trabajan de noche, así que las puertas siempre están abiertas. Era la una de la madrugada cuando hombres enmascarados vestidos de civiles irrumpieron en la casa de Marcelo.

Jocelyn Garganta, de nueve años, dormía en el sillón dentro de la pequeña tienda familiar. La abuela de Jocelyn despertó a Marcelo, que dormía solo con sus calzoncillos. El ventilador eléctrico estaba zumbando. Era una tarde calurosa y pegajosa. Los hombres le dijeron a Marcelo que estaban allí para llevarlo a la jefatura de policía. "Esperen", les dijo, "déjenme ponerme algo de ropa".

Las máscaras de los hombres tenían calaveras impresas. Dejaron que Marcelo se pusiera sus shorts. Luego entraron a la habitación y abrieron fuego. Le dispararon en la cabeza, el pecho y varias partes del cuerpo.

A Jocelyn la despertó el sonido de las balas y la salpicadura de sangre en su rostro. Cuando abrió los ojos, su abuelo yacía frente a ella, en un charco de su propia sangre. Su abuela estaba histérica. Los hombres le dijeron a Jocelyn y a su abuela que se fueran, pero su abuela sostuvo a Marcelo en sus brazos, tirando de él, convencida de que aún podía salvarse si llegaba a un hospital. Jocelyn corrió hacia las calles, aterrorizada.

Afuera, la tía de Jocelyn vio que los policías habían llegado para llevarse a los hombres del vecindario. Era una redada antinarcóticos, dijeron. Los forzaron a subir a los automóviles, diciéndoles que los llevarían al cuartel de la policía para verificar si tenían casos pendientes u órdenes de arresto. Entre los detenidos estaban los dos hijos adolescentes de Marcelo. Jomar, de 19 años y estudiante de criminología, había roto en llanto cuando habló con un reportero. "Le dispararon a mi padre cinco veces. No tenían planes de perdonarlo", gritó. "Lo que hicieron estuvo mal. Sé lo que debe hacer la policía en estos casos… Me lo enseñaron en la escuela".

Just weeks after the inauguration of President Rodrigo Duterte, police started killing drug suspects across the country. Photo courtesy of Martin San Diego

Apenas unas cuantas semanas después de la toma de posesión del presidente Rodrigo Duterte, la policía comenzó a asesinar sospechosos de tráfico de drogas en todo el país. Foto cortesía de Martin San Diego.

El padre de Jocelyn e hijo mayor de Marcelo, Joseph, de 27 años, también estaba afuera. Ninguno de los miembros de la familia pudo acercarse al cadáver de Marcelo hasta que llegaron los Operativos de la Escena del Crimen (SOCO, por sus siglas en inglés). "¡Es mi papá!", le gritó a la policía. "¡Es mi papá!".

También se llevaron a Joseph. Pero en lugar de transportarlo en el automóvil con el resto de los hombres que habían sido detenidos, lo llevaron en una motocicleta y lo sentaron entre dos hombres vestidos de civil, quienes le dijeron que también lo llevarían al cuartel general.

Era el 21 de julio de 2016, los primeros días de la guerra contra las drogas, solo tres semanas desde que tomara posesión el presidente filipino Rodrigo Duterte. En el transcurso de dos días, siete sospechosos de tráfico de drogas murieron en la ciudad, incluido Marcelo. Aquella noche, cerca de 20 hombres fueron llevados a la jefatura de policía de Navotas para ser investigados, un hecho que se convertiría en práctica habitual de los policías en los operativos antinarcóticos de todo el país.

En una entrevista televisiva, el jefe de policía de Navotas, el superintendente Dante Novicio, defendió al comando especial. Dijo que Marcelo era un sospechoso de tráfico de drogas y que sus policías habían llamado a la puerta, pero en lugar de cooperar, Marcelo se enojó, sacó un arma y comenzó a dispararles. Cuando le preguntaron por qué sus hombres decidieron matarlo en lugar de simplemente neutralizarlo, el rostro de Novicio permaneció estoico.

"Fue difícil para ellos decidir dónde disparar ya que no había mucho espacio", dijo. "Había puertas que bloqueaban su visión y tuvieron dificultad para disparar con precisión ya que estaban evitando sus balas".

Su familia niega esta versión de la historia. Marcelo estuvo involucrado en un caso de drogas en su ciudad natal de Bicol hace algunos años, pero había dejado de consumir sustancias ilegales, admite su familia. Además, la policía ni siquiera lo cateó antes de comenzar a dispararle, cuentan.

En los meses que siguieron, el argumento de Novicio —que sus policías dispararon en defensa propia y que hallaron drogas en el sospechoso— se convirtió en una narrativa y una justificación siniestramente común para los miles de asesinatos policiales que siguieron. Testigos y familiares refutan estas afirmaciones.

A pesar del hecho de que Jocelyn y su abuela presenciaron el asesinato de Marcelo, Novicio dijo a los medios que ningún familiar se encontraba dentro de la casa cuando le dispararon al hombre de 50 años.

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Las redadas policiales en hogares privados han sido comunes en los barrios pobres durante la guerra contra las drogas en Filipinas. Foto cortesía de Martin San Diego.

Alrededor de las 7 AM, solo unas horas después del asesinato, la tía de Jocelyn fue a la morgue a recoger el cuerpo de Marcelo. Acordó que el cuerpo de su padre fuera llevado de regreso a casa, donde llevarían a cabo el velorio. En Filipinas, particularmente en las comunidades pobres, los velorios a menudo se realizan en la calle, afuera de la casa de los muertos, porque los servicios religiosos son costosos.

Mientras la tía de Jocelyn estaba en la morgue negociando el costo de recobrar el cuerpo de su padre, un vehículo llegó para dejar otro cadáver que había sido recuperado unas horas antes.

El cuerpo estaba cubierto por una sábana blanca, los pies sobresalían por debajo. Estaban envueltos en cinta adhesiva. Ella pidió ver el cuerpo y el equipo retiró la tela. El cadáver estaba mojado. Los ojos de la víctima habían sido arrancados. Le habían quitado algunos dientes. Su pene estaba expuesto porque sus pantalones estaban desabrochados. Sus uñas estaban oscuras.

Ella lo vio e instantáneamente lo supo.

Mientras estaba en la morgue, la tía de Jocelyn recibió una llamada de un miembro de la familia. "Estamos en el cuartel de la policía. Sólo dos de tus hermanos están aquí", le dijeron. "Joseph está desaparecido".

La tía de Jocelyn no les dijo que lo había encontrado.

Cuando el servicio fúnebre llegó a su casa ese mismo día, había dos vehículos. La familia esperaba el cadáver de Marcelo. El equipo llevó el cuerpo hasta los familiares que se encontraban llorando. Después les entregaron un segundo cadáver y todo quedó en silencio. Solo entonces la familia se dio cuenta de que también había perdido a Joseph, el padre de Jocelyn.

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Los cadáveres han comenzado a apilarse, a partir de los asesinatos cometidos por policías y justicieros, desde que el presidente Rodrigo Duterte declaró su guerra contra las drogas. Foto cortesía de Martin San Diego

El reporte oficial de las autoridades sobre la muerte de Marcelo lo describe como un encuentro policial. Simplemente señala: "Hombre encontrado. Cadáver".

Hasta el día de hoy, la familia aún no sabe qué le sucedió exactamente a Joseph. Quizás los policías lo castigaron por hacer un alboroto en la calle cuando le dispararon a su padre. Quizás se puso incontrolable en la motocicleta. Tal vez solo estaban fastidiados con su presencia. "No consumía drogas. No tenía un solo vicio", cuenta la tía de Jocelyn.

Todo lo que saben con certeza es que en los meses subsecuentes de la guerra contra las drogas, además de los tiroteos policiales, se produjo una serie de asesinatos de justicieros. Cadáveres en estados similares fueron hallados en toda la ciudad; sus cabezas estaban atadas con cinta adhesiva, al igual que los pies de Joseph, y también presentaban marcas de tortura. Los cadáveres fueron abandonados con carteles que decían: "Soy un traficante de drogas. No sigas mis pasos".

En cuanto a Jocelyn, una hija única separada de su madre, lo único que sabe con certeza es que vio cómo asesinaban a su abuelo el mismo día en que también mataron a su padre.


LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS DE DUTERTE

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El presidente Rodrigo Duterte ha impulsado desde hace mucho tiempo una brutal guerra contra las drogas en Filipinas. Foto de Noel Celis, cortesía de AFP

En mayo de 2016, el exalcalde de la ciudad de Davao, Rodrigo Duterte, ganó la presidencia, consiguiendo los votos de ciudadanos filipinos privados de sus derechos que estaban hartos de la élite política. Fue elegido gracias a su plataforma para reprimir el crimen y erradicar las drogas, en gran parte debido a su éxito en el restablecimiento de la ley y el orden en Davao, una ciudad al sur de Filipinas que solía estar asolada por la violencia y las insurgencias comunistas.

En la campaña presidencial, Duterte prometió replicar lo que había logrado en Davao, a nivel nacional. "Si llego al Palacio Presidencial, haré exactamente lo que hice como alcalde. Todos ustedes que están relacionados con las drogas, hijos de puta, realmente los mataré", dijo un mes antes de las elecciones.

Duterte cumplió su promesa: tan pronto como llegó al poder declaró una guerra contra las drogas. También ha alentado repetidamente a la policía a matar criminales asociados con el narcotráfico. Es una política que ha ganado el apoyo de personas como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le dijo a Duterte que estaba haciendo un "gran trabajo".

Muy pronto, miles de cadáveres comenzaron a apilarse.

Un esperado reporte de las Naciones Unidas publicado en junio —basado en casi 900 presentaciones escritas, archivos policiales, documentos judiciales, fotos y videos, entrevistas con víctimas y testigos, y aportes del gobierno— hizo eco de innumerables artículos noticiosos y otras investigaciones realizadas por grupos de derechos humanos en los últimos cuatro años. La investigación de la ONU documentó violaciones generalizadas de los derechos humanos bajo la administración de Duterte, particularmente el "asesinato sistemático de miles de presuntos sospechosos de tráfico y consumo de drogas". Una investigación separada realizada por Amnistía Internacional detalla cómo la fuerza policial "sistemáticamente persiguió a personas pobres e indefensas en todo el país" y calificó la guerra contra las drogas como "una guerra contra los pobres".

El gobierno niega que haya una política para asesinar a los consumidores de estupefacientes y argumenta que todas las muertes ocurren durante operaciones policíacas legítimas. Sin embargo, ambos estudios citaron redadas policiales sin orden judicial de hogares privados y reportes falsificados. Los patrones sugieren víctimas desarmadas y la siembra persistente de evidencia en las escenas del crimen, lo que arroja serias dudas sobre la constante narrativa de defensa personal de la policía.

Nadie sabe con exactitud cuánta gente ha muerto desde el comienzo de la guerra contra las drogas. Las cifras oficiales del gobierno señalan que ha habido 8.663 asesinatos relacionados con esta guerra desde que comenzó la represión en julio de 2016, pero según las estimaciones independientes, el número podría ser tres veces mayor: alrededor de 27.000 personas. De esa cifra, el reporte de la ONU señala que 73 son niños —incluido un bebé de cinco meses— y 11 son mujeres, aunque el conteo no es exhaustivo.

Además de las muertes bajo vigilancia de la policía, también hay otras 29.000 que han sido etiquetadas como "muertes bajo investigación", como es el caso de Joseph. La Suprema Corte de Filipinas ha exigido una explicación del promedio de casi 40 muertes por día desde julio de 2016 hasta noviembre de 2017, y ha planteado la posibilidad de que los asesinatos perpetrados por justicieros fueran auspiciados por el gobierno en colusión con la policía. Las autoridades afirman que solo el 9,4 por ciento de esas muertes estaban relacionadas con drogas, pero un estudio anterior encontró que la policía no suele reportar estos casos.

Quizá lo más inquietante de todo es la "impunidad profunda" señalada en el reporte de la ONU. Los testigos y familiares, en su mayoría mujeres, temen por su seguridad y se sienten impotentes para buscar justicia.

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La guerra contra las drogas ha sido llamada la guerra contra los pobres. Foto cortesía de Martin San Diego

Si bien la guerra contra las drogas ha continuado durante cuatro años, se ha dicho poco sobre estas mujeres y sus experiencias.

"Cuando escucho sus historias, me doy cuenta: es el infierno en la tierra", dijo a VICE News el padre Flavie Villanueva, quien comenzó un programa de la Iglesia para ayudar a mujeres viudas y niños huérfanos a causa de la guerra contra las drogas.

"La era de Marcos nos dejó con profundas heridas y cicatrices, pero esto es mucho peor en comparación", dijo, refiriéndose a la dictadura del expresidente Ferdinand Marcos. "Es una guerra jurídica sistemática y legítima que se lleva a cabo frente a nuestros ojos, 24/7".

El padre Villanueva dijo que su programa de intervención psicoespiritual Paghilom ha ayudado a cerca de 150 mujeres y a unos 60 niños y adolescentes huérfanos por la guerra contra las drogas, pero ese número "ni siquiera ha arañado la superficie".

"Una buena parte de las personas pasará a la próxima generación con estas cicatrices", dijo. "El 99 por ciento de los hombres asesinados son el sostén de sus familias. Multiplica cada muerte por cinco, porque cada familia tiene al menos tres o cinco hijos, hermanos o sobrinos más pequeños que están bajo su cuidado".

VICE News habló con algunas mujeres sobre la guerra contra las drogas, desde su propia perspectiva. En sus testimonios, describen el momento en que se enteraron de la muerte de sus seres queridos y cómo sus respectivas tragedias han cambiado sus vidas. Sus relatos muestran una imagen inquietante del trauma colectivo y el impacto a largo plazo de las ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Duterte.


ASESINATO EN PLENA LUZ DEL DÍA

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Se estima que la guerra contra las drogas en Filipinas ha asesinado a unas 27.000 personas, según estimaciones de grupos de derechos humanos. Foto cortesía de Martin San Diego

Marilyn Malimban recuerda exactamente lo que estaba haciendo su pareja la mañana de su muerte. Jessie Cule estaba mirando fotos de su familia en Facebook.

Eso ocurrió un domingo. Marilyn, de 45 años, se dirigió al trabajo y se despidió de Jessie, de 37 años, pero él continuó de espaldas a ella en su cama sin decir una palabra, absorto en las fotos familiares. La pareja vivía junta en una pequeña cabaña en Payatas, un barrio pobre de la capital filipina.

Marilyn y Jessie habían estado juntos durante nueve años. Se conocieron por primera vez en 2007, a través de un mensaje de texto. Después de un mes de intercambiar mensajes insinuantes, Marilyn acordó reunirse con Jessie en un centro comercial cercano; en aquel momento, él trabajaba como cuidador en una tienda de chatarra. Ella lo vio desde la distancia y quedó amargamente decepcionada. Había hecho todo lo posible para lucir presentable, maquillarse y ponerse su mejor ropa. Jessie, por otro lado, se presentó en chanclas de goma.

Pero Jessie era generoso y amable, y la invitó a vivir a su casa. Tres meses después de conocerse, se mudaron juntos. Su vida era simple, pero feliz.

Después de que Duterte ganó, Jessie se puso nervioso por el aumento de los asesinatos reportados en las noticias. Unos años antes, cuando trabajaba como conductor de bicitaxi, consumía metanfetamina, conocida de forma local como shabu. Le daba energía para seguir conduciendo hasta altas horas de la noche, lo que le permitía obtener ingresos adicionales, le dijo a Marilyn. Ella le rogó que se detuviera y finalmente lo hizo. Consiguió un nuevo trabajo como recolector de basura. "Él cambió", recuerda. "Cada vez que volvía a casa, él estaba allí. Con la comida lista en la mesa".

Unos meses antes de morir, Jessie se acercó a Marilyn y le mostró en su teléfono un reportaje en video de las noticias, sobre la más reciente víctima de la guerra contra las drogas. "Bebé, mira esto. Estaba durmiendo cuando le dispararon", le dijo. Pronto, los reportes de que incluso los exconsumidores estaban siendo asesinados llenaron los titulares. Jessie le preguntó a Marilyn si podían dejar Payatas. Acordaron que Jessie regresaría a su ciudad natal en diciembre, donde vivía su familia, y que Marilyn lo seguiría. Pero Jessie nunca llegó a casa. Fue asesinado en agosto.

El domingo que murió, Jessie había planeado comprar una bolsa de arroz para compartir con Marilyn. Tenía tiempo de sobra hasta que ella regresara a su hogar, así que visitó la casa de un amigo alrededor de las 2 PM para jugar al billar con otros cuatro conocidos. La cabaña estaba al pie de una colina, junto a un barranco. Estaba hecha de un mosaico de madera contrachapada, plástico y otros materiales ligeros.

Eran las 3 PM cuando llegaron: cinco hombres armados vestidos de civiles. Uno de ellos llevaba una canasta de mimbre con un gallo adentro y otros llevaban armas. Irrumpieron y les apuntaron. "¡No se muevan!", les gritaron. Jessie y sus amigos quedaron congelados y levantaron las manos en señal de rendición.

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La cabaña donde asesinaron a Jessie Cule. Foto cortesía de Martin San Diego

Los hombres armados esposaron a Jessie y los otros, los registraron y luego los hicieron sentarse en un banco. No encontraron nada. Revisaron la cabaña y se llevaron teléfonos, joyas y artículos electrónicos. Cuando salieron de la casa, les mostraron una pieza de papel plateado y un encendedor, que no les resultó familiar. Jessie y sus amigos negaron poseer los objetos. "¡Mentirosos!", dijeron los hombres, acusando repetidamente a los amigos de Jessie de consumir drogas.

Molestos por sus constantes negaciones, los hombres armados llevaron a Jessie y a dos de sus amigos a la parte trasera de la cabaña. Sus otros dos amigos fueron llevados adentro. Sonaron disparos provenientes del interior y luego el ruido de cuerpos cayendo al suelo.

Afuera, Jessie y sus amigos sabían que eran los siguientes. Se vieron obligados a arrodillarse. Jessie observó cómo los hombres armados le disparaban a sus dos compañeros que estaban arrodillados junto a él. Uno primero, luego el otro. Jessie fue el último.

Jessie lloró y rogó por su vida. Se aferró a las piernas de uno de los hombres armados e imploró que no lo mataran. Sollozó, suplicando varias veces, rehusándose a soltarlo.

La autopsia mostró que Jessie recibió tres disparos:

Más escalofriantes son las heridas particulares sufridas por… Jessie Cule; no solo demuestran que se cometió un asesinato, sino también que las víctimas fueron ejecutadas.

Le dispararon en el deltoides derecho en dirección descendente, provocando una herida de salida en su área espinal inferior. Nuevamente, esto demuestra que recibió un disparo a quemarropa en el hombro derecho mientras estaba arrodillado.

Mientras Jessie estaba arrodillado sin vida, con el pecho contra el suelo, Marilyn recibió una llamada a su teléfono celular en su trabajo. Era su casero. "Ha habido una emergencia", le dijo. "Tienes que volver a casa".

Cuando Marilyn llegó a la escena del crimen alrededor de las 4 PM se había congregado una multitud y la policía había acordonado el área. No la dejaban identificar el cuerpo. Cuando llegaron los SOCO, recuperaron los cadáveres uno por uno. Había cinco víctimas, pero solo cuatro cuerpos.

Uno había logrado escapar.

Uno de los hombres con los que Jessie estaba jugando al billar, un vendedor de frutas y verduras llamado Efren Morillo, fingió su muerte cuando él y su amigo fueron fusilados dentro de la cabaña. Cuando los policías salieron a asesinar a Jessie y a sus otros dos compañeros, Efren logró escapar.

Es a través de Efren que Marilyn pudo conocer los últimos momentos de Jessie.

Desde entonces, Efrén ha presentado un caso contra la policía. La declaración jurada del demandante de 29 años revela detalles escalofriantes de lo que ocurrió la tarde del 21 de agosto de 2016.

Afuera, escuché muchos disparos. Escuché muchas voces, algunas furiosas, otras llorando lastimosamente. Escuché a alguien decir: "Encárgate de ellos y solo di que se defendieron. Siembra la evidencia".

Mientras los hombres armados estaban afuera, reuní el valor para moverme. Me arrastré fuera de la habitación hacia un barranco que estaba a solo tres metros de distancia. Presioné mi mano sobre mi pecho herido y rodé por el barranco. Aterricé junto a un arroyo en el fondo.

Recé por mi vida para ver crecer a mis hijos pequeños y buscar justicia para mis compañeros asesinados.

El documento también dice que no fue hasta alrededor de la medianoche cuando finalmente recibió el tratamiento médico adecuado, aproximadamente nueve horas después de recibir el disparo. Estuvo en el hospital durante 10 días, donde la policía lo rastreó y presentó un caso en su contra.

Según los policías, presuntamente me resistí al arresto y me defendí durante una operación [antinarcóticos]. También alegan que fui el único que sobrevivió al tiroteo entre mis compañeros y los policías. Los oficiales incluso dieron entrevistas donde dijeron que nos habían sorprendido en el acto de consumir drogas, y que éramos notorios sospechosos e incluso ladrones.

Efrén presentó cargos penales ante la Oficina del Ombudsman contra cuatro policías y sus cómplices por su intento de asesinato y el de sus compañeros, así como por robo y la falsa acusación de posesión de drogas y armas de fuego. Cuando Marilyn escuchó el relato de lo que había ocurrido con Jessie, se unió a él en su demanda.

El asesinato de Jessie y sus compañeros se convirtió en el primer desafío legal a la guerra contra las drogas de Duterte. En una petición separada, Efren, Marilyn y las familias de las otras víctimas solicitaron a la Suprema Corte el 26 de enero de 2017 que suspendiera los controvertidos operativos antinarcóticos del gobierno. El 30 de enero, Duterte anunció la suspensión y ordenó que todas las operaciones se transfirieran de la policía a la Agencia de Control de Drogas de Filipinas (PDEA, por sus siglas en inglés), lo que resultó en una disminución de las muertes. Pero para el 28 de febrero, solo cuatro semanas después, Duterte volvió a permitir la participación de los cuerpos policíacos.

Los hallazgos forenses y los reportes de autopsias realizados por examinadores independientes respaldan la declaración jurada de Efren. Este hecho le ha dado a Marilyn la resolución de seguir luchando por Jessie. "Si Jessie se hubiera defendido, yo no habría presentado un caso. Pero no lo hizo", cuenta. "Es por eso que estoy luchando por él, incluso si toma mucho tiempo. Porque lo que dicen sobre él es falso".

Es la manera en que lo ejecutaron lo que más le duele a Marilyn. La imagen de Jessie arrodillado, en camiseta y shorts negros, aterrorizado y llorando, está grabada en su mente. Si iban a matarlo de todos modos, desearía que le hubieran disparado al instante, en lugar de dejarlo suplicar por su vida.

"He visto una foto que tomaron los SOCO donde se ve su cuerpo boca arriba. Es lo que me dio fuerza", cuenta. "Cuando vi la foto por primera vez, me puse a llorar. Pero me obligué a seguir viéndola para poder seguir luchando".

"Sus ojos seguían abiertos", revela. Pero hay otro detalle que la atormenta: "había lágrimas en su rostro".


MILES DE MUERTES, UNA SOLA CONDENA

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El asesinato de Kian de los Santos, de 17 años, provocó un revuelo nacional. Foto de Noel Celis, cortesía de AFP

Incluso con un testigo ocular y evidencia convincente, las probabilidades están en contra de Marilyn. En los cuatro años desde el inicio de la guerra contra las drogas, e incluso con miles de muertos, solo ha habido un caso que ha resultado en una condena: el asesinato de Kian de los Santos, de 17 años.

El público filipino conoce la historia de la muerte de Kian a detalle. Fue el primero en desencadenar una indignación generalizada y protestas nacionales contra la guerra antidrogas.

Era una semana de exámenes para Kian. Se lo había dicho a sus asesinos, rogándoles justo antes de que le dispararan: "Por favor, deténganse. Tengo exámenes mañana".

El caso de Kian fue reportado como una operación policíaca oficial. El reporte de las autoridades señaló que había sido un "encuentro que había resultado en un tiroteo", y que los policías habían disparado y matado a Kian en defensa propia:

El personal de la Unidad de Control de Drogas PCP-7, dirigido por el agente PO3 Arnel Oares, así como otros 10 elementos, estaban llevando a cabo la Operación One Time Big Time, cuando el sospechoso mencionado anteriormente notó la presencia de los agentes que se acercaban…

El sospechoso desenfundó su arma de fuego y disparó directamente hacia los policías, pero falló, lo que hizo que el agente PO3 Oares regresara los disparos para poder repeler la agresión ilegal del sospechoso, ya que sus vidas estaban en peligro inminente y por lo tanto disparó al sospechoso en el cuerpo, lo que resultó en su muerte instantánea.

El informe también indicó que los policías habían recuperado cuatro cajas de cartuchos, un arma calibre .45 y dos bolsitas de metanfetamina en su poder.

Pero los testigos oculares y las imágenes de circuito cerrado contaron una historia radicalmente distinta.

Según las imágenes, antes de irse a dormir, alrededor de las 8:45 PM, Kian había estado pasando el rato en las calles cerca de su casa la noche del 16 de agosto de 2017, cuando dos hombres vestidos de civil lo detuvieron. Lo arrastraron a través de una cancha de baloncesto a plena vista, a través de callejones oscuros y calles sinuosas, hasta que llegaron a un callejón sin salida. Kian trató de defenderse, pero le vendaron los ojos. Lloró y rogó por su vida.

Su cadáver fue hallado en posición fetal, en pijama: una camiseta azul y boxers estampados. Murió de tres disparos: uno en la espalda, dos en la cabeza. La autopsia reveló que estaba boca abajo en el suelo cuando le dispararon las dos primeras veces. Luego le dispararon por tercera vez: la bala entró en su oído izquierdo y salió del lado derecho de su cabeza.

También tenía una pistola en la mano izquierda. Kian era diestro.

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El reporte de la ONU identificó reportes policiales falsificados que sugieren la siembra de evidencia en las escenas de crímenes. Foto cortesía de Martin San Diego

Su hermana mayor, Krizzhia se los Santos-Rosero, recuerda haber recibido la llamada telefónica: "Perdí la cabeza".

Kian tenía 17 años, un adolescente que amaba la música rap y soñaba con pertenecer a la escena de las batallas de rap. Memorizaba canciones palabra por palabra y las recitaba en voz alta, incesante, directamente al oído de su irritada hermana. Le encantaba comer. No le importaba mucho la comida elegante, se conformaba con los bocadillos callejeros: siomai (albóndigas de cerdo), kwek kwek (huevos de codorniz fritos) y bolas de pescado frito.

Es lo que Krizzhia trata de recordar acerca de su querido hermano; las cosas que adoraba, sus hábitos, su gesticulación, su voz. Pero es difícil. Porque cuando piensa en él, la imagen que le viene a la mente es una versión asustada de Kian.

"Conozco el trauma y el miedo que experimentó. Odiaba la oscuridad. Pero lo llevaron a un área oscura. Ni siquiera entraba solo a una habitación con las luces apagadas", cuenta Krizzhia con la voz entrecortada. "Me imagino aquel momento, tal vez Kian estaba maldiciendo porque estaba oscuro. Probablemente se preguntó por qué lo habían detenido. Por qué le estaban haciendo esto. Que tenía un examen".

Entonces empieza a llorar. "Sé que estaba aterrorizado en ese instante. Cuando recuerdo a Kian de esa manera, cierro los ojos y me culpo por no haber estado allí cuando murió. ¿Por qué no estuve allí para él en ese momento?".

Así es como Filipinas conoce a Kian de los Santos: el adolescente que fue asesinado por policías. Cientos de simpatizantes asistieron al funeral de Kian. Llevaban camisetas que decían: "Justicia para Kian". Los abogados ofrecieron su ayuda sin cobrar. La gente marchó por las calles pidiendo el fin de la guerra contra las drogas.

Las protestas ayudaron un poco. El 29 de noviembre de 2018, poco más de un año después de la muerte de Kian, tres policías fueron condenados a 20 a 40 años de prisión sin libertad condicional por su asesinato. Sin embargo, los agentes Arnel Oares, Jeremias Pereda y Jerwin Cruz fueron absueltos de los cargos de sembrar evidencia.

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Jerwin Cruz y Arnel Oares, policías acusados de presuntamente asesinar al estudiante de 17 años Kian de los Santos durante una audiencia en el Senado en Manila el 24 de agosto de 2017. Foto por Ted Aljibe, cortesía de AFP

Mientras tanto, sus superiores no solo permanecieron en servicio activo, sino que también fueron promovidos.

Krizzhia y su familia creen que lo que le sucedió a Kian fue un caso de identidad equivocada. "Nunca consumió drogas, siempre insistiré en eso", sostiene.

Además de perder a Kian, Krizzhia, en cierto modo, también perdió a otros miembros de su familia: su padre, Saldy, y su madre, Lorenzana —que trabajaba en el extranjero como empleada doméstica en Riad, Arabia Saudita cuando Kian murió—, ahora viven en un lugar no revelado, bajo el programa de protección de testigos del estado. No los ha visto desde 2017. Solo habla con ellos por teléfono de vez en cuando. Krizzhia, con dos hijos y un esposo, se retiró del programa con la esperanza de tener una vida medianamente normal.

La libertad de sus padres y la única vida que Krizzhia había conocido fueron el precio que pagaron por buscar justicia para Kian.

"Tenía muchas ganas de graduarse", dice Krizzhia. "Quería ser policía".


MÁS ALLÁ DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

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Un niño sentado mientras la comunidad se reúne alrededor de otra víctima de la guerra contra las drogas en Filipinas. Foto de Martin San Diego

La guerra contra las drogas de Duterte sigue en curso.

La indignación mundial no ha afectado el empeño del gobierno de Duterte en continuar con los asesinatos. En respuesta al reporte de la ONU, el portavoz presidencial Harry Roque dijo que el gobierno "rechaza con firmeza estas conclusiones".

"Sostenemos que el estado de derecho se respeta en Filipinas y que cualquier delito cometido por las fuerzas del orden público o de otra índole se tratará de acuerdo al debido proceso", mencionó en un comunicado. También señaló que el compromiso del gobierno de Duterte "con la campaña contra las drogas ilegales se ve reforzado… por el continuo apoyo del público al presidente, que consiguió llegar al cargo mediante una plataforma antinarcóticos".

En este último punto, Roque tiene razón. A pesar del creciente número de muertes, Duterte cuenta con un amplio respaldo y goza de una alta popularidad. Los resultados de una encuesta llevada a cabo en diciembre de 2019 por la encuestadora Social Weather Stations mostraron que el 82 por ciento de los filipinos están satisfechos con Duterte, un récord para su presidencia. Su mandato no termina hasta 2022.

Pero las repercusiones de la guerra contra las drogas se extenderán mucho después de que Duterte deje el cargo y llegue un nuevo presidente.

"Las implicaciones son enormes", dijo a VICE News la doctora Nicole Curato, socióloga y profesora asociada de la Universidad de Canberra. "Esto corroe la confianza en instituciones como la policía que presuntamente nos protegen. También desgasta el tejido de la vida comunitaria, donde en lugar de que los vecinos se brinden apoyo mutuo, ahora se vuelven uno contra el otro para denunciar a presuntos narcotraficantes", añadió. "Es difícil reparar estas relaciones".

Curato, quien realizó una investigación centrada en la guerra contra las drogas en Filipinas, dijo que dejará diferentes secuelas en la vida de las mujeres. "Algunas optan por quedarse calladas y concentrarse en reconstruir sus propias vidas, mientras que otras deciden hablar, contar sus historias y exigir justicia. Ambos impactos son onerosos para las mujeres. Se necesita mucha fuerza emocional para llevar a cabo el duelo y procesar una experiencia traumática, ya sea que la persona se quede callada o hable", explicó.

"Pero ambos impactos demuestran también cómo las mujeres pueden afirmar su identidad, no como víctimas sino como sobrevivientes. Reclamar la narrativa es crucial".

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Marilyn ha jurado encontrar justicia para Jessie. Foto cortesía de Martin San Diego

Para los niños, la preocupación es aún mayor. "Cada generación se define por un momento histórico crítico. Mi preocupación es que estamos siendo testigos de una generación de niños que crecerán en una sociedad donde el asesinato y la violencia auspiciada por el gobierno son la norma".

Es también la razón por la cual las intervenciones psicológicas son tan importantes, dijo Curato, porque las familias involucradas en asesinatos a menudo llevan a cabo sus duelos en soledad. "Sus vecinos no quieren ser asociados con ellos, mientras que otros miembros de la familia intentan mantenerse alejados para evitar ser implicados. Las intervenciones de la Iglesia y los grupos de voluntarios son esenciales para ayudar a sanar a estas familias".

Pero hay un límite para lo que pueden lograr los programas de la Iglesia como el del padre Villanueva, especialmente con recursos financieros limitados. Las muertes cambian intrínsecamente la vida de las mujeres y los niños, que se ven obligados a navegar por emociones de tristeza, venganza, ira, culpa e impotencia, mientras intentan seguir adelante.

Incluso para Krizzhia, cuya familia encontró un amplio apoyo después de la muerte de Kian, el encarcelamiento de sus asesinos no pone fin a su dolor. Los rumores constantes continúan persiguiendo a Krizzhia y su familia en torno a la participación de Kian en el tráfico y consumo de drogas: rumores promovidos por los partidarios de Duterte en internet y en las redes sociales. Los comentarios son duros; dicen que Kian merecía morir, que el mundo es mejor sin él, que sus parientes también deben ser narcotraficantes. "Mi familia se derrumbó. Estamos en duelo. Perdimos a uno de los nuestros. ¿Y encima nos culpan?", dice Krizzhia. "No es justo".

Krizzhia ha cambiado de carrera para dedicarse al trabajo social y dice que después de experimentar de primera mano el impacto de los trabajadores sociales en su vida, "realmente quiero ayudar". Y aunque dice haber encontrado algo de paz a través de la fe, hay un deseo que nunca desaparece.

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Krizzhia visita la tumba de su hermano Kian en el aniversario de su muerte. Foto cortesía de Martin San Diego

"Mi esperanza es hablar con la policía para preguntarles por qué", cuenta Krizzhia, refiriéndose a los asesinos de Kian. "¿Qué estaban pensando esa noche? ¿Qué dijo mi hermano en sus últimos momentos? Cuando estaba rogando por su vida, ¿no vieron los rostros de sus hijos? ¿De sus hermanos? ¿No les pasó por la cabeza que podría haber sido su hijo?". Y sobre todo: "¿Por qué Kian?".

El propósito de Marilyn también ha cambiado: su vida entera gira ahora en torno a buscar justicia para Jessie. Se mudó de su casa para vivir más cerca de la Oficina del Ombudsman, para poder asegurarse de asistir a las audiencias cada vez que la corte la llame, a pesar de que su última audiencia fue hace dos años. Desde entonces no ha recibido ninguna actualización sobre el progreso de su caso.

"Esperaré tanto como pueda", cuenta, decidida a limpiar el nombre de su pareja. "Jessie era una buena persona".

Marilyn dice que abandonaría el caso si los policías admitieran que mintieron sobre lo sucedido. Solo quiere que dejen de alegar que sus víctimas se defendieron y que dejen de asesinar personas. "Me conmueven las personas que han quedado desamparadas", aclara. "En particular los niños".

Niños como Jocelyn.

Jocelyn tiene ahora 11 años y está en quinto grado. Antes de morir, su abuelo la acompañaba a la escuela a diario. Su tía cuida de ella ahora; otra boca que alimentar, encima de otros tres hijos.

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Jocelyn perdió a su abuelo y a su padre en la guerra contra las drogas. Foto cortesía de Martin San Diego

La familia de Jocelyn ha optado por no presentar un caso, al ver el acoso que enfrentan los familiares de otras víctimas que presentan cargos, y el ritmo lento y los altos costos de los juicios en Filipinas. En cambio, se centran en poner comida en la mesa, ahora que los sostenes de familia se han ido.

La educación de Jocelyn está financiada por una beca para huérfanos otorgada por la Iglesia, pero cuando no está en clase, ayuda a su tía a ganar dinero. Acuden a protestas y manifestaciones donde venden café y bebidas de pandano. También asiste a vigilias de rosario, donde reza con otros huérfanos por el fin de la guerra contra las drogas. Es una infancia que nadie merece.

Jocelyn dice que pensar en su padre la entristece. Su padre, la única figura parental que conoció, que la llevaba a pasear a menudo, que le compraba ropa y jugaba con ella. A quién le gustaba ir al gimnasio y disfrutaba comer pollo adobado. Cuenta que era una persona seria, pero era bueno con ella. También extraña sus paseos juntos en motocicleta. "Me pongo triste cuando veo niños con sus padres", revela.

Ella quería ser policía, pero eso ha cambiado desde entonces. Ahora quiere ser abogada, para poder ayudar a las personas.

Jocelyn dice que aún sigue enojada. Quiere que los asesinos de su abuelo y de su padre vayan a prisión. Cuando le preguntan si los ha perdonado, niega con la cabeza.

"Hay policías malos allá afuera. Ya no tengo fe en ellos", cuenta, apartando la mirada. Las lágrimas brillan en sus ojos. "Quiero que se disculpen por lo que hicieron. Pero incluso entonces, una disculpa no traerá de vuelta a mi padre".

Sigue a Natashya en Twitter. Con reportajes de Martin San Diego.

source https://www.vice.com/es_latam/article/m7jbj3/duterte-guerra-contra-drogas-derechos-humanos-mujeres-ninos

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